13 de agosto de 2020

La última batalla por los espacios verdes

TEXTO SILVIO MÉNDEZ

FOTOGRAFÍAS PABLO RUSSO

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El loteo privado en un sector del Parque Urquiza avivó la discusión respecto a qué destino le dan los vecinos de Paraná a los espacios en común. La disputa sobre qué se hace con aquellos dominios que son considerados de lo público se ha venido repitiendo en el último tiempo. Esto comprende desde sus pulmones verdes hasta esos sectores privilegiados por donde se accede al río, para zambullirse con la mirada en el paisaje o comprometer el cuerpo con el agua. El uso que finalmente se les darán a los terrenos frente al Patito Sirirí será otro de los desafíos que los paranaenses deberán resolver en esa incesante búsqueda para definirse a sí mismos.

 

 

La inmobiliaria oferente aduce que es legítima propietaria del lugar, pero en la representación política en el Concejo Deliberante –al menos en el oficialismo– se abren dudas sobre la historia de la titularidad del terreno y si la utilización de ese sector se encuadra en las habilitaciones para la edificación. Para dirimir estos aspectos legales, así como posibles salidas políticas, los concejales imaginan convocar a una mesa de discusión.

En cuanto a la sociedad civil, este debate trajo a la memoria que no es la primera vez que se libra un conflicto de este tipo, en donde espacios de uso público se ven tironeados por la especulación inmobiliaria o intereses para el usufrutuo de particulares. Una tensión que cobra carácter cuando se plantea el cercenamiento del acceso al río o la pérdida de un pulmón verde en la capital provincial. Según un estudio realizado en 2015 por la Municipalidad y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná tiene déficit de 15.708 árboles.

 

 

Patos y batibotes

Julio Corcho Soñez, de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, considera que la discusión es efervescente porque se hace evidente la escasez de los espacios públicos y verdes en la ciudad. Y sostiene que estas pugnas se dan sobre estos terrenos en el Parque Urquiza como en los barrios. Para argumentar este punto de vista, trae a colación el más reciente de los conflictos donde el movimiento intervino, cuando la anterior gestión municipal pretendió ceder un sector del Parque Gazzano a un club privado. A fines de 2018, por decisión del intendente Sergio Varisco, la comuna propuso entregar en comodato una fracción de 8.406,89 metros cuadrados de terreno del mencionado espacio público en favor de la Asociación Paraná Hockey Club. La decisión comenzó a tomar cuerpo y la arquitectura legal demandaba que la medida sea refrendada por el HCD. Pero al tiempo que la idea fue trascendiendo públicamente, comenzaron a movilizarse vecinos del lugar oponiéndose a que se fraccione el terreno, y convocando a la defensa del Parque en base a organización y resistencia. Se realizaron ferias y recitales para poner en valor el lugar, como también levantaron firmas para un petitorio impulsado por la Asociación de Amigos del Parque que llegó a las puertas del Concejo. Fue así que, en noviembre de 2019, en puente tendido con el club de hockey, los dirigentes deportivos retiraron el proyecto de ordenanza que les otorgaba por 40 años, en comodato, una fracción del Parque, y los ediles no llegaron a tratar la iniciativa que debía pasar por sus manos.

Otro conflicto por los espacios públicos librado con la última gestión de Sergio Varisco fue por los terrenos del Parque Botánico Leandro N. Alem. Este se lo cuenta como «ganado», cuando en noviembre de 2017, el bloque de Cambiemos en el HCD desechó la idea de tomar 7,5 hectáreas del espacio público municipal ubicado en el Acceso Norte para la venta a ERSA, una de las prestatarias del servicio de transporte público. Allí se había previsto que mudaría sus playas de maniobras y guarda de unidades de colectivos. La enajenación contó con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General y la Comisión de Avalúo Municipal cotizó el metro cuadrado de la tierra libre de mejoras en u$s 10. Las empresas de colectivo incluso habían realizado una oferta con pagos en cómodas cuotas a descontar del Boleto Estudiantil Gratuito. Finalmente, los concejales de la UCR y el PRO se abstuvieron de avanzar por la oposición y la legitimidad poco clara de ese movimiento.

Suerte distinta tuvo otro terreno del Parque Botánico. Tal vez por sus dimensiones menores, o porque fuera todo llevado con sigilo, no hubo alboroto. Una superficie de más de 2.000 metros cuadrados perteneciente también al predio público en el Acceso Norte, en julio de 2019, fue cedida a la curia por intendente Varisco. En el predio ya se había emplazado la capilla de Santa Rita, pero esa ocupación se encontraba en una situación irregular. La ceremonia de traspaso de la propiedad fue celebrada por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, que recibió formalmente la donación que permitía entronizar la figura de la popular santa.

 

 

En 2017 se instaló otra polémica, también por el uso de espacios verdes, cuando se planteó un Polo Tecnológico dentro del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco. La idea de generar un espacio para el desarrollo de tecnologías y software en Paraná fue impulsada por emprendedores locales del sector, pero el predio pensado para su instalación desató la controversia inmediata. La abogada María Emma Bargagna explicó que desde lo formal el lugar había sido adquirido como bien de dominio público municipal, y contaba con un estatus de Área Natural Protegida, por lo cual estas intervenciones sobre el mismo estaban impedidas. Además de lo legal, resultaba contradictorio para la planificación ambiental urbana un proyecto de estas características. Bargagna recordó asimismo que el Parque Nuevo ya había sido pretendido para otros fines. Lo fue cuando el actual diputado nacional Julio Rodolfo Solanas era intendente (2003-2007) e impulsó la explotación de un complejo de aguas termales. El movimiento ciudadano y la férrea resistencia del Foro Ecologista Paraná, frenó lo que calificó como «actividades y obras contrarias al destino de uso del Parque».

El impulso del Polo Tecnológico en el Parque Nuevo llegó hasta fines de la gestión Varisco, en 2019, para luego languidecer.

 

Avances y retrocesos

Entre estos episodios, de idas y vueltas, compras y ventas, se destaca uno de relevancia por su inédita definición y los intereses que jugaron en la penumbra. En noviembre de 2016, con el anuncio de la construcción de un gran centro de convenciones, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó con los votos de Cambiemos y el Frente Renovador la compra de un predio en la ex fábrica Portland. La operación fue acordada de modo tal que se autorizó al Estado Municipal a pagar 1.250.000 dólares en 28 cuotas. El bloque del Frente para la Victoria cuestionó la prioridad del proyecto y la legitimidad del desembolso que no estaba incluido en el presupuesto de obras para el año siguiente. El lote, con los restos de la antigua factoría, pertenecían al empresario Jorge Anadón. En el lugar, en un intento fallido, un grupo  inversor –Desarrolladores de la Ribera–, pretendió llevar adelante un fastuoso barrio privado. Puerto Urquiza iba a ser un coqueto country con amarras propias. Cuando antiguamente estaba activo el emprendimiento, en 2009, allí se proyectaban oficinas junto con un espacio para servicios gastronómicos y de esparcimiento. Finalmente, el diseño de este complejo turístico y el barrio cerrado se ahogó en las profundidades de sus pretensiones. Quedó abandonado hasta que se reflotó con la idea de instalar allí «un predio ferial, centro de eventos y otras dependencias municipales» y por el cual, justamente el Estado municipal obtuvo dictamen favorable de los ediles para su adquisición en una compra millonaria. Hoy, en el lugar, sólo crece la maleza entre los esqueletos de hierros herrumbrados.

 

 

Si se ha de reconocer un eje claro de gestión que enarboló como bandera la intendenta Blanca Osuna (2011-2015), ese es el de «la recuperación de los espacios públicos» y «la construcción de un borde costero que pueda unir las diferentes playas» de la ciudad. Osuna alcanzó a inaugurar la playa de Bajada Grande y concretó la conexión física de El Morro y Puerto Sánchez con la zona de Puerto Nuevo, en una obra que rescató del patio trasero a dos históricos barrios de la ciudad. Pero quizás el principal escollo de Osuna fue que no logró el acceso público al río a través de la Costanera Baja, en esa mentada unión de todo el borde costero. La ex intendenta inauguró en mayo de 2015 la Plaza Mujeres Entrerrianas, en el predio del ex hipódromo, quizás el último gran espacio verde incorporado a la ciudad. También en 2015 alcanzó a «derribar» el muro que aislaba a las barridas costeras de la ciudad, con música de Pink Floyd incluida, pero no pudo con ese puñado de clubes deportivos que gestionan con cercos y carné con la cuota al día, las doradas playas a los pies del Parque Urquiza.

Blanca Osuna también se había propuesto, allá al inicio de su presidencia municipal, la interconexión entre la zona del Túnel Subfluvial, el Club Náutico hasta llegar a la Toma Nueva. Con el secretario de Planificación, Guillermo Federik, proyectó comenzar por allí el camino costero con algunos tramos asfaltados hasta Suipacha, para luego correr «unos 20 metros el cerco perimetral del Club Náutico para hacer una calle pública que cruzará sobre el Túnel Subfluvial», se anunció en su momento. Y dentro del ese diseño, también se encontraba «la concreción de una vía de comunicación que permitirá recuperar para el acceso y aprovechamiento público de una zona de playas del balneario Los Arenales», se imaginó alguna vez en un parte de prensa gubernamental.

 

Los muros, las termas y el río

En lo que refiere a un espacio público, la playa de Los Arenales quizás sea la mayor pérdida para los paranaenses. En lo simbólico porque forma parte de un proyecto de ciudad, con la posibilidad del crecimiento turístico y potencial de beneficios de la conexión física con Santa Fe que hoy está desdibujado. Y en lo ambiental, paisajístico y solaz para el esparcimiento su saqueo fue fatal.

Los Arenales surgió como una playa fresca e inigualable sobre una zona de bañados como parte del refulado de arena por las obras del Túnel, en 1968. En manos del municipio, en 2000, en la primera intendencia de Sergio Varisco, se autorizó la construcción de un barrio privado: Amarras del Sol. Ese mismo año, con la cesión, surgieron las objeciones en cuanto la legitimidad de quien se arrogaba ser legítimo propietario, como así también se llamó la atención de los peligros para infraestructura subfluvial que suponía el movimiento de maquinaria de obra del barrio privado justamente encima de la traza del Túnel. Lo cierto es que el emprendimiento inmobiliario avanzó a punto tal que se amuralló en 2011, y los Estados municipal y provincial renunciaron a litigar por la potestad del predio para el uso público, avalando por omisión para uso de un privado. La postura, por ciento, también fue avalada por el Superior Tribunal de Justicia en abril de 2015, cuando convalidó la decisión del Gobierno provincial de desistir en la demanda por la propiedad de esos terrenos, asegurando así la apropiación de un particular del predio, en uno de los episodios más obscuros y escandalosos de la historia reciente de Paraná.

 

 

En un posteo reciente, activistas medioambientales recordaban este 30 de junio el séptimo aniversario del triunfo de la lucha por frenar la instalación de un complejo termal en el camping municipal de la Toma Vieja en Paraná. La gesta, evocada por el colectivo Más Ríos Menos Termas, traía al presente aquellos frenéticos días en los cuales el proyecto que motorizaba el entonces gobernador Sergio Urribarri parecía no tener freno. El mandatario había anunciado días antes el inicio de obras para un soñado proyecto termal en Paraná. La noticia corrió entre organizaciones ambientales que pasaron rápidamente a resistir en el lugar, con acampes y guardias en el lugar. Se llegó incluso a momentos de extrema tensión, cuando voluntarios apostados en el lugar se enfrentaron a la marcha de topadoras que pretendían limpiar el terreno de monte nativo para llevar adelante primeros trabajos exploratorios. Esta militancia ambiental, junto con una tarea diálogo y contactos en la Legislatura, el aporte de estudiosos que alertaban de la contaminación y peligros de las perforaciones termales, más la singular campaña desplegada en medios y redes sociales, la oposición a la termas en la Toma ganó un gran consenso. La negativa obtuvo un respaldo social a tal punto que Urribarri desistió de la idea tras un encuentro con los militantes ambientales. La iniciativa oficial luego mutó y se barajó como alternativa construir un parque acuático como atractivo turístico de reemplazo, pero esa obra nunca avanzó más allá de los anuncios.

Como entonces, como en otros casos ya casi olvidados y también en los menos remotos, lo que vendrá con los terrenos frente al Patito tiene margen para resoluciones posibles y que hoy por hoy sigue sin escribirse.

 

 

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